Lo sucedido con Violeta (ver señalamiento de los medios de comunicación) también plantea un debate necesario sobre la relación que algunos jóvenes tienen con grupos armados de izquierda y lo que esto significa o no en los procesos que se les abren, tanto jurídicos como mediáticos. Sobre esa relación, el senador Carlos Antonio Losada del partido Farc, y antiguo comandante del frente urbano Antonio Nariño, comenta: “después de que nosotros salimos de la ciudad (en el año 2000) quedaron unas estructuras urbanas. Pero hubo mucha gente de las universidades que eran amigos, simpatizantes nuestros que ante esa persecución ingresaron y terminaron en la guerrilla por las condiciones que había en ese momento en la ciudad”.

 

En efecto, la relación entre algunos estudiantes y estos grupos existe. Pero el estigma construido por los medios y el sistema judicial no nos ha permitido entender la naturaleza del vínculo y sus matices. Y, de paso, ha puesto el fenómeno en terrenos que no explican su verdadera complejidad y dimensión.  En la siguiente gráfica se pueden observar los grupos armados ilegales con los que se relaciona a estos jóvenes.

Ana María Nate, secretaria política de la Juventud Comunista (Juco) en Bogotá, afirma: “lo que pasa es que la universidad pública sí logra ser un reflejo de toda la sociedad colombiana. Hay gente de todos los estratos, se presentan todas las problemáticas sociales y mucho pensamiento crítico, que mueven a la gente a hacer cosas para que esto cambie”. Las formas de moverse son muchas y responden a contextos sociales que a menudo se ignoran por cuenta del estigma.

 

“A la Juco siempre la comparan todo el tiempo con las Farc y a Congreso de los Pueblos con el ELN. En los últimos años se profundiza la estigmatización y esa persecución alrededor de los acuerdos de paz en la Habana. No tenemos claro por qué, pero creemos que tiene que ver con el hecho de querer presionar, incluso deslegitimar las negociaciones, para ejercer presión mediática y social en algunos momentos críticos. Al gobierno le conviene generar noticia. Entonces, cuando todo el mundo está hablando del ELN o de las Farc, sirve para aumentar la estigmatización. Entonces es cuando dicen estos estudiantes son de ese grupo armado: son jóvenes y son de la Pedagógica o de la Nacional, de la Distrital…”, amplía Nate.

 

Decir que el movimiento estudiantil tiene un nexo directo con la lucha armada es minimizar su lucha política aún en contextos de dura represión. Pero negar el nexo entre algunos estudiantes con este tipo de lucha es no reconocer que el movimiento estudiantil es diverso y que su trabajo se inscribe en un contexto de conflicto armado prolongado, en el que los jóvenes han tenido que enfrentar de forma desigual diferentes fuerzas, entre ellas la más poderosa: la del Estado y su sistema judicial.

 

“Nosotros creemos en la lucha social y política por la paz y por la apertura democrática; por eso hemos venido luchando hace casi 30 años. Para nosotros lo más importante es que se encuentre una salida negociada al conflicto. Quienes asumen el camino de las armas ya no hacen parte de nuestra organización porque están peleando de una manera que no compartimos hoy, pero sabemos que si logramos una solución negociada nos vamos a encontrar en otro espacio… porque el objetivo es el mismo pero la forma de lograrlo distinto. Ahora, nosotros no negamos la lucha armada, porque hay momentos de la historia en los que la gente se ha tenido que armar porque no hay opción, porque no hay otra forma de lucha política en determinados momentos de la historia”, explica Nate.

 

La Juco no ha sido ajena a rupturas internas por cuenta de los debates sobre la conveniencia o no de la lucha armada. Una de sus últimas divisiones se dio a finales del primer periodo del gobierno Uribe, en un contexto en que la persecución hacia los estudiantes y el movimiento social era intensa. Por ello, una parte importante de la organización decidió tomar la vía de las armas, pues consideraba que no tenía garantías para la lucha política. Lo mismo ocurrió años antes frente al exterminio del partido Unión Patriótica, que dejó por lo menos 4.153 víctimas asesinadas o desaparecidas, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH.

 

No solo es necesario revisar el contexto en el que se da el vínculo entre los estudiantes y los diferentes tipos de lucha, entre ellas la armada. También lo es revisar los matices y formas de ese vínculo, pues no todas son iguales. Hay relaciones con la vía armada que son de mera simpatía, de reconocimiento, de colaboración, de acompañamiento político o de acción directa. No todas son ilegales o criminales.

 

Los vínculos se vuelven más complejos conforme aumenta el grado de clandestinidad, pues no son relaciones fáciles de explicar, menos en medio de un proceso jurídico. La clandestinidad es, muchas veces, resultado de la persecución y el estigma; y, también, la condición que convierte a varios de estos casos en terreno fértil para la impunidad. El de Violeta es un buen ejemplo. No sabemos si su relación con el ELN es real y, de existir, tampoco sabemos cuál es su naturaleza. Eso no la hace directamente responsable del atentado al centro comercial Andino.

 

Sin embargo, para el sistema judicial, los medios de comunicación y la opinión pública, las condiciones de inocencia no tienen nada que ver con lo jurídico. De los estudiantes se espera que sean víctimas blancas del sistema: jóvenes que deben negarse a sí mismos y sus posturas, algunas radicales, para demostrar que no son responsables no solo de las acusaciones judiciales, sino de las sociales.

 

Al final, también se invisibiliza a los protagonistas del fenómeno: los estudiantes. No solo su voz suele estar ausente en el cubrimiento de los medios de comunicación; también lo está en varias de las reivindicaciones que se hacen o no sobre sus casos. En el proceso de investigación del profesor Jorge Gómez Agudelo sobre la figura del “estudiante caído”, encontró que “la mayoría de los registros están construidos sobre la lógica noticiosa de denuncia sin un amplio contexto de la situación concreta que llevó a que estuvieran en el lugar y momento de su propia tragedia. Muchas situaciones confusas que los y las convierte en víctimas de un Estado que enfrentan con la desnudez de un cuerpo movido por ideas, un cuerpo que tiene por armas el pensamiento y la voz que grita”.

 

Los estudiantes y sus particularidades están ausentes incluso en los datos oficiales. Las bases entregadas por la Fiscalía permiten hacer una caracterización general de los jóvenes procesados por rebelión y terrorismo en los últimos 17 años, pero es un trabajo incompleto y sesgado, pues faltan datos claves, tal como se puede ver en los siguientes gráficos:

 

Fuente: Fiscalía General de la Nación

EDADES

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Fuente: Fiscalía General de la Nación

GÉNERO

Interactúa

Fuente: Fiscalía General de la Nación