Perspectivas actuales

Los tres departamentos con mayor número de casos judiciales por rebelión son Antioquia, Caquetá y Cauca. Panorama similar al de los casos abiertos por terrorismo, en el que repiten Antioquia y Caquetá, y se suma Valle del Cauca.

Las bases de datos consultadas no permiten revisar con detalle las ciudades o municipios en los que se presentan; y los vacíos en el registro de grado de escolaridad tampoco permiten dar cuenta de la real presencia del fenómeno en colegios y universidades. No obstante, conviene anotar que la revisión y seguimiento de casos particulares nos mostró que no es exclusivo de las universidades públicas (aunque se presenta con mayor frecuencia en ellas) y que también afecta a estudiantes de secundaria.

Sobre el tema, el sociólogo y profesor de la Universidad Nacional, Miguel Ángel Beltrán, señala que aún estamos en deuda con los estudiantes de secundaria víctimas del fenómeno, pues su reivindicación ha estado ausente en las marchas y memorias del movimiento estudiantil. El caso de Ricardo Ruiz es una buena muestra: aunque en los medios se dijo que era un estudiante universitario, todavía estaba terminando su secundaria. Y aunque los compañeros que murieron con él sí eran estudiantes universitarios, el origen de su militancia y amistad está ligado a su paso por el colegio Externado Nacional Camilo Torres en Bogotá.

La revisión de casos particulares también da señas de un fenómeno urbano, que da cuenta de la presencia del conflicto más allá de lo que tradicionalmente se ha dicho sobre su carácter rural. “Nosotros llegamos a tener una presencia importante en los barrios, a través de la milicia”, comenta Losada. Este es un ángulo que todavía no se ha rastreado: cómo afectó la criminalización a los jóvenes de los barrios y las periferias urbanas, la penetración de la lucha estudiantil en los colegios y universidades privadas y, en suma, las características de estos jóvenes más allá de lo que tradicionalmente se dice de ellos (que son estudiantes de universidades públicas, la mayoría de ciencias humanas y sociales).

El rastreo sobre el carácter urbano del fenómeno también pone la mirada sobre temas que deben incluirse, como la presencia del ESMAD en las universidades, la infiltración de miembros de policía e inteligencia en grupos estudiantiles, la presencia de grupos paramilitares en los campus, la constante amenaza y violación de Derechos Humanos al interior de los centros de estudio, la posibilidad de que los estudiantes accedan y manipulen explosivos. Todos son caras de la degradación del conflicto y muestra de que ser estudiante en Colombia es también una condición de alto riesgo.

Frente a este panorama complejo, la norma de quienes intervienen en el fenómeno ha sido el silencio. El Estado no solo calla, sino que actúa de forma criminal y contraria a la ley, incluso en alianza con grupos paramilitares; los medios callan y replican el discurso oficial, mientras los periodistas no ayudamos a explicar las fuerzas que mueven el fenómeno; y el movimiento armado calla en nombre de la lucha clandestina, con un silencio que sigue siendo cómplice aún en contextos en los que se establecen compromisos con la verdad, la justicia y la reparación, como lo es el proceso de paz con las Farc. A este listado de actores, el profesor Beltrán incluye a la academia de la que, dice, ha guardado silencio frente al fenómeno y lo ha asumido “como algo que no le atañe”.

La revisión cronológica de las bases de datos de la Fiscalía muestra que frente a ambos delitos hay una notoria disminución de casos judiciales entre los años 2012 y 2018. Los casos por rebelión pasaron a 2022, y por terrorismo a 233. Esta disminución coincide con el tiempo en el que se desarrolla el proceso de paz con las Farc. “En el periodo de Santos, como ya viene todo el tema de la negociación, son tiempos de paz, bajó la persecución de grupos paramilitares. Pero también hay una nueva lógica”, describe Ana María Nate.

La nueva lógica revela que la persecución y criminalización no cesa, sino que cambia. Los registros de movimientos como Marcha Patriótica señalan que en el marco del proceso de paz, y luego de la firma del acuerdo, continúa el asesinato y desaparición de líderes de su movimiento, entre ellos estudiantiles. Y tal como lo registran los propios medios de comunicación, luego de la firma se disparan las cifras de líderes sociales y excombatientes asesinados, cuyo foco, a ojos de Nate, son los integrantes del partido Farc. “Desde el nuevo gobierno (Duque), incluso al segundo día del mandato, quitaron a los policías que cuidan las casas en las que funciona el partido comunista en todo el país. En el paro de 2018 sentimos una arremetida fuerte: el nivel de infiltración aumenta”.

La disminución de casos judiciales por rebelión y terrorismo, al menos desde las cifras oficiales, indica que aunque hay un ambiente en apariencia más favorable para los estudiantes y sus ejercicios de militancia política, las formas de persecución son más sofisticadas y clandestinas. Cabe anotar que las cifras producto del análisis de las bases de datos de la Fiscalía tampoco son del todo confiables, pues ya se mostró cómo el caso de Mateo (que ocurre luego del Acuerdo de Paz) fue registrado con el delito equivocado. De hecho, que uno de los casos más mediáticos de criminalización de estudiantes haya ocurrido bajo este contexto es un campanazo de alerta.

El rastreo de prensa para los años que coinciden con la firma del acuerdo también muestra un cambio en el discurso de los medios en torno a los grupos armados que se asocian a los estudiantes capturados. Llama la atención cómo los jóvenes que hacen parte de los nuevos procesos ya no son públicamente vinculados con las Farc, sino con el ELN (aunque, como ya se mostró, los vacíos en las bases de datos de la Fiscalía no permiten dar cuenta de este cambio).

Los aparentes tiempos de paz todavía no han resultado en una mayor disposición para combatir la impunidad del fenómeno. A pesar de que se han adelantado y presentado informes a la JEP y la Comisión de la Verdad sobre la persecución a estudiantes de universidades públicas y miembros de las juventudes comunistas, todavía no hay pronunciamientos por parte del Estado y las Farc sobre los casos documentados.

Basta revisar el de Ricardo Ruiz. A trece años del hecho, el panorama es incierto: la Fiscalía no solo no abrió una investigación formal, sino que archivó el caso. Tampoco ha liberado la información del proceso a los familiares y víctimas de la explosión, quienes denuncian que tuvo irregularidades y vacíos como la desaparición de por lo menos cuarenta folios del expediente, correspondientes a los dictámenes de Medicina Legal. Las Farc, por su parte, no se han pronunciado abiertamente sobre el tema. Los familiares siguen esperando que el grupo (ahora partido político) no los evada y, acorde con su compromiso con la verdad, ayude a esclarecer los hechos.

El panorama actual genera, a la vez, optimismo y pesimismo. Casos como el de Mateo, en el que las redes sociales y los medios alternativos hicieron un importante contrapeso al discurso oficial, muestran la importancia de dar el debate público. Informes como el de Universidades públicas bajo S.O.Specha y el propio trabajo que adelantamos desde la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, son esfuerzos valiosos para comenzar a construir el mapa completo del fenómeno.

Sin embargo, la tarea de documentación y sistematización no es fácil. Lo demuestran los vacíos en la información oficial, la amnesia del movimiento armado, la falta de presupuesto para trabajos de largo aliento, las omisiones de la academia y los robos de información a los movimientos sociales. “Hace algunos años se hizo muy juicioso el trabajo de sistematizar datos de jóvenes perseguidos o a quienes se le habían violado Derechos Humanos. Pero una noche entraron a robar la casa y se perdió ese archivo. Fue un robo muy raro.  Se pierde muchísima información”, denuncia Ana María Nate de la Juco.

Sobre lo que puede hacer la JEP y la Comisión de la Verdad, el profesor Beltrán es pesimista. “En la JEP no va a avanzar nada y mucho menos en la Comisión de la Verdad, que ni siquiera tiene presupuesto. Creo que lo que hay que hacer desde abajo es colocar el tema de debate en las universidades, en los espacios públicos”.

En los últimos meses, fuera del periodo de esta investigación, se conocieron nuevas denuncias sobre infiltraciones de miembros de la fuerza pública en marchas estudiantiles, abusos por parte de la policía y detenciones de estudiantes. Las voces y cifras recopiladas para este especial muestran que este es un fenómeno vivo y actual y que ser estudiante en Colombia supone un riesgo que todavía no hemos caracterizado ni cuantificado en su real dimensión.