Criminalización de estudiantes en Colombia

Jóvenes judicializados por cargos de rebelión y terrorismo en los últimos 18 años en Colombia.

El 23 de febrero de 2017, Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, fue capturado y acusado de instalar y detonar una bomba panfletaria en Bogotá, en hechos ocurridos en 2015. Paralelo a su detención, fue presentado por los medios de comunicación como miembro del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y responsable de más de una decena de atentados, incluida una explosión en el barrio La Macarena de Bogotá, ejecutada cinco días antes de la detención. Precisamente por la cercanía temporal del atentado, la captura fue presentada por el propio presidente Juan Manuel Santos como un “duro golpe al crimen” por parte de la policía y la Fiscalía, a pesar de que el hecho ni siquiera hacía parte del proceso.

Luego de casi dos años en prisión, en los que su nombre se convirtió en su alias, Mateo probó su inocencia y fue absuelto por un juez. Aunque su caso fue llamado ‘falso positivo judicial’, la etiqueta explica parcialmente su historia.

A Mateo se le imputaron los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir, fabricación y porte ilegal de armas, y terrorismo. En casos similares también se ha imputado el delito de rebelión, siendo estos dos últimos (rebelión y terrorismo) los que más se suelen asociar a estudiantes como Mateo (que pertenecen a universidades públicas, que eventualmente militan con algún movimiento de izquierda, y que los organismos judiciales y medios de comunicación vinculan con grupos guerrilleros).

Según datos analizados por la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano y obtenidos de bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, entre enero de 2000 y febrero de 2018, en Colombia se abrieron, aproximadamente, 10.471 procesos judiciales a jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad, por los delitos de rebelión y terrorismo.

Del total de casos, 4.155 (39,6%) no llegó a una investigación. Solo 853 jóvenes (8,1%) tuvieron un juicio y, de ellos, apenas 491 fueron hallados culpables. Es decir, en 17 años, el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95% del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que esperan todavía un fallo, o que fueron declarados inocentes.

Las judicializaciones y detenciones arbitrarias son solo una de varias tipologías de un fenómeno más complejo, silenciado y poco documentado: el de la criminalización y persecución de estudiantes en Colombia.

Todavía no hemos armado el mapa completo del fenómeno; uno que muestra patrones, sin importar la forma que tome, y en el que intervienen siempre los mismos actores: el Estado (en cabeza del sistema judicial), los medios de comunicación (voceros de ese sistema), los grupos armados (a veces cómplices de asesinatos y desapariciones de estudiantes, como en el caso de los paramilitares; a veces parte del círculo del silencio y la impunidad, como ocurre con los grupos guerrilleros), y la opinión pública (permeada por el estigma que construye el Estado con ayuda de los medios).

Es un fenómeno complejo no solo porque en él intervienen diferentes actores e intereses, con el Estado como el más poderoso y de mayor responsabilidad, sino porque tiene diferentes tipologías: algunas conocidas, como las judicializaciones, detenciones arbitrarias y agresiones policiales; otras más sofisticadas y complejas como el asesinato, la desaparición o la muerte en hechos confusos (por ejemplo, explosiones); y varias difíciles de cuantificar, como el exilio, el hostigamiento y la estigmatización.

Aunque cada caso involucra combinaciones de estas formas, aún no se ha tejido la relación que existe entre ellas. Las historias suelen ser vistas como hechos aislados o representaciones exclusivas de una de estas tipologías.

El fenómeno no es nuevo. Para varios académicos y miembros del movimiento estudiantil, el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo a manos de la guardia presidencial, en medio de una manifestación en 1929, es uno de sus primeros rastros históricos. “Como primera experiencia, la muerte de Gonzalo Bravo Pérez representa la represión de Estado a los movimientos estudiantiles aunque esas expresiones de represión están presentes en toda la historia de conformación del Estado nacional sobre otros movimientos sociales”, afirma el profesor Jorge Gómez en el documento Acontecimiento y escucha: revisión de estudios sobre el ‘estudiante caído’ y los movimientos estudiantiles en Colombia.