Señalamientos desde los medios de comunicación

El vacío en las bases oficiales no impide que las capturas se usen mediáticamente para señalar al movimiento estudiantil o a estudiantes con alguna relación o simpatía por grupos de izquierda (políticos y armados). Esto ocurre especialmente en ciertas coyunturas en las que el movimiento protagoniza intensas jornadas de protesta. Una revisión de prensa de algunas de ellas, como las masivas jornadas de movilización en 2011 para derogar la Ley 30 de educación superior, revelan que el cubrimiento de prensa viene acompañado de titulares que denuncian infiltración de grupos armados en las universidades, capturas de estudiantes, accidentes con explosivos (cuyas circunstancias nunca se aclaran desde lo judicial), entre otros. Además, las denuncias e informaciones se sustentan únicamente en fuentes oficiales e informes de inteligencia. Es decir, son artículos sin contraste de fuentes. En ellos, los estudiantes no tienen voz.

 

Lo mismo ocurre con el reporte del grupo armado con el que se asocia a los jóvenes capturados. Llama la atención cómo ante los medios de comunicación este es un dato relevante. Mateo, por ejemplo, fue relacionado con el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), un grupo poco conocido que los medios asocian con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, no solo la base de datos no da cuenta del supuesto vínculo, sino que la Fiscalía no logró probarlo en el proceso. De hecho, miembros de la policía de la seccional antiterrorismo de la SIJIN admitieron en el juicio que no tenían elementos para hacerlo.

Sobre el contraste de fuentes al que los periodistas están obligados, Marisol Gómez, quien era periodista de El Tiempo al momento de la entrevista, comenta: “yo a las 8 de la noche hago lo posible, pero si no encuentro a nadie, al día siguiente hago el desarrollo. Las noticias pueden tener un primer tiempo y un segundo tiempo. Seguramente el segundo tiempo, si es una noticia de última hora, se hace al día siguiente”.

 

Si bien es cierto que las noticias tienen varios tiempos, es ingenuo pensar que las audiencias de los medios de comunicación funcionan del mismo modo. En épocas de clicks y flujos de información grandes y veloces, es poco lo que queda de las noticias más allá del impacto de los primeros titulares. Las fuentes lo saben y se aprovechan de ello. Y los medios, que también lo saben, optan por sacrificar la información completa en favor de la inmediatez.

 

A propósito de lo ocurrido con Mateo, la periodista Yolanda Ruiz le dedicó un capítulo de reflexión en su libro En el filo de la navaja. “Lo cierto es que la absolución en esa primera instancia no tuvo el mismo despliegue que su captura y proceso de judicialización. Creo que es uno de los grandes pecados de los periodistas: nos apresuramos a generar llamativos titulares con los señalamientos, pero no nos preocupamos por verificar bien los hechos ni por hacer seguimiento a las noticias para saber adónde llegan las investigaciones”.

 

Respecto a las fuentes que sustentan los artículos, Marisol Gómez agrega: “lo que hace el periodista es comunicar la decisión de un juez, comunicar la acusación de una Fiscalía, comunicar el pronunciamiento de un policía, comunicar el pronunciamiento de una familia que está defendiendo un hijo, eso es lo que hace el periodista”.

 

Lastimosamente, no es lo norma. Si bien la historia de Mateo tuvo una exposición mediática mayor sobre otras similares y más contraste de fuentes, gracias al contrapeso que hicieron las redes sociales y medios alternativos, esta fue la excepción a la regla.

 

La revisión de prensa revela un dominio casi exclusivo de las fuentes oficiales. Muestra de ello es el caso de Ricardo Ruiz, cuya historia tuvo amplio cubrimiento en los medios de comunicación, sin que ninguno de ellos contactara a su familia o citara fuentes diferentes a las oficiales. El 19 de abril de 2006, por ejemplo, El Tiempo publicó el artículo El misterioso Ricardo Ruiz que murió en la explosión. En él, el periódico hace afirmaciones sobre el joven basadas únicamente en un informe de varios organismos de inteligencia. Incluso las frases que adjudican a la tía de Ruiz, bajo la etiqueta de “testimonio”, son citas del informe, relata la familia.

 

El poco contraste de fuentes supone otro pecado de los periodistas: se da una excesiva credibilidad a las fuentes oficiales. Yolanda Ruiz comenta en su libro, a propósito de la historia de Mateo, que si bien los periodistas no tenían cómo saber en su momento cuál era la verdad, lo conveniente era dudar. “Dudar de las cifras, de las fuentes oficiales y no oficiales, de los estudios que no sabemos de dónde vienen, de las filtraciones porque no conozco el primero que filtre información por amor a la verdad. Mientras más asesores de comunicaciones y jefes de prensa nos aborden, más hay que dudar. Mientras más claras y evidentes parecen las versiones, más hay que dudar porque las mentiras son las que más detalles traen”.

 

Los pecados de periodistas y medios han ido más allá, pues también operan como extensiones del sistema judicial. “El principio legal de presunción de inocencia, que existe en los códigos, en la práctica se pierde porque las autoridades, sin el más mínimo pudor, señalan como culpable a quien se les ocurre”, describe Yolanda Ruiz.

 

Los medios replican y complementan las acusaciones. Sobre Mateo, la revista Semana publicó en diciembre de 2017 el artículo “Cartas explosivas”, en el que presentaba una serie de argumentos y presuntas pruebas de que Mateo seguía delinquiendo, ahora desde la cárcel. En él también se le vinculaba con los jóvenes investigados por el atentado al centro comercial Andino quienes, supuestamente, también hacían parte de la red del MRP.

“Yo estando en la cárcel fui víctima de dos montajes: el primero, cuándo después de un operativo que hizo la seccional antiterrorismo de la Policía-SIJIN, en complicidad con el INPEC, ingresan al patio dónde estábamos viviendo varios presos políticos universitarios y, supuestamente, exponen elementos míos, varios de los cuales no lo son. Pero exponen especialmente una carta que yo le había escrito a un amigo mío que vive en Cuba, es cubano, miembro del partido comunista cubano. Y dicen que supuestamente eso hace parte de una red de terrorismo internacional (ríe). Evidentemente eso no tuvo trascendencia judicial. Era una carta muy coloquial. La carta que uno le escribe a cualquier amigo al que yo le agradecía por haberme hospedado en su casa”.

 

El amigo en cuestión es José Antonio López Rodríguez, “Tony”, un exfuncionario diplomático de Cuba en Bogotá. López respondió a Semana a través de otra carta en la que califica el artículo como “una infame calumnia”.

 

Sobre el episodio, el periodista investigativo de Semana, Ricardo Calderón, afirma: “nunca hemos tenido en esto que hacer ninguna rectificación, justamente por la contundencia de las pruebas que hemos logrado conseguir, entre esas, por ejemplo, eso de las cartas”. Aracely León, madre de Mateo, replica: “Si revista Semana tiene pruebas de que mi hijo está delinquiendo desde la cárcel modelo, ¿por qué no colocó la denuncia? Si la carta que le llegó a revista Semana narra algún hecho delictivo ¿por qué no denunció? ya que es obligación de todo ciudadano denunciar los hechos ilícitos de los que se entera”.

 

La afirmación de León se debe a que la Fiscalía mencionó en las audiencias que gracias a revista Semana sabían que Mateo seguía delinquiendo. Aún así, la tesis tampoco se pudo probar. Lo que denuncian Aracely y otros familiares de jóvenes en circunstancias similares, como los procesados por el caso Andino, es que la Fiscalía pretende presionar a los jueces a través de los medios.

 

Los casos de criminalización revisados muestran otro patrón: los jóvenes asisten a un doble proceso, uno jurídico y otro mediático. Mientras en los medios se afirma que hay nuevos paquetes de pruebas contra los indiciados, en las audiencias no se presentan estas pruebas. Mientras los medios citan informes de inteligencia irrebatibles, los procesos judiciales muestran lo contrario. En el caso de Ricardo Ruiz, por ejemplo, nunca se abrió una investigación formal sobre los hechos de su muerte, de modo que la Fiscalía nunca dio un parte definitivo, cuenta la familia. No ocurrió así en los medios, quienes replicaron con contundencia la tesis de que Ruiz había muerto junto a otros jóvenes mientras fabricaba un artefacto explosivo.

 

La historia de Ricardo evidencia, además, que el destino jurídico de los casos que corresponden a otras tipologías de criminalización es el mismo que el de los montajes judiciales. Muchos no llegan a investigaciones formales y los pocos que sí, no son concluyentes. El resultado: impunidad en buena parte de ellos y un desgaste del sistema judicial que varias veces ha tenido que indemnizar a los implicados.

 

El caso de un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia, detenidos en 2005 cuando protestaban contra el Tratado de Libre Comercio, es ejemplo de ello. Según una nota periodística de Telemedellín, publicada el 13 de julio de 2017, durante las protestas “varias personas resultaron heridas y otras fallecieron tras una explosión ocurrida en inmediaciones del laboratorio de química de la Universidad”. Por ese hecho, la Fiscalía imputó cargos contra ocho jóvenes acusándolos de terrorismo y rebelión, entre otros delitos. Pero doce años después el Consejo de Estado determinó que la Fiscalía General de la Nación debía pagar una indemnización de 400 millones de pesos a los estudiantes por los daños morales y materiales causados, debido a que ninguna de las acusaciones era verídica.

 

La colaboración entre medios y sistema judicial muestra que sus acciones no redundan en más justicia, pues también quedan en la impunidad los hechos por los que se acusa a los estudiantes. Esto ha ocurrido con los investigados por el caso Andino. Aunque una jueza ordenó la libertad de los once implicados, fueron inmediatamente recapturados para enfrentar un proceso por rebelión.

 

Sobre este episodio cobra especial atención lo ocurrido con Violeta Arango, la joven implicada en el proceso y cuyo paradero actual se desconoce. Su familia denuncia presiones desproporcionadas, muchas fuera de la ley, por parte de los organismos judiciales y de policía. “Ellos quieren, a toda costa, decir que este es un caso cierto. Entonces no están investigando otras posibilidades, que seguramente existen”, afirma su padre, Luis Santiago Arango.

 

El de Violeta es un caso de estudio interesante desde los medios. El 29 de septiembre de 2018, revista Semana publicó una serie de fotografías y correos de los que se infiere una presunta participación actual de Violeta en las filas del ELN.

 

“En el caso, por ejemplo, de Violeta, todos ellos negaron que pertenecían al MRP, que tenían algún vínculo con la guerrilla. Durante más de un año han negado todo y, con una investigación independiente y con fuentes dentro de la propia guerrilla, se logró tener acceso por ejemplo a fotos de ella en un campamento de la guerrilla. Las fotos eran bastante contundentes, los correos que estaban y las cartas que ella mandaba desde el monte desvirtuaban totalmente cualquier vínculo. Lo que probaba era básicamente que estaban mintiendo”, comenta el periodista Ricardo Calderón, de Semana.

 

El material fue presentado por la revista bajo el título “SEMANA revela en exclusiva fotos de la guerrillera del centro Andino”. La afirmación es temeraria por varias razones: en las fotografías se observa a una joven con el rostro cubierto, salvo los ojos y la frente. Aunque es posible comparar sus rasgos con los de Violeta en otras fotografías, es apresurado afirmar que se trata de la misma persona. Cabe recordar que algo similar sucedió con el exdiputado Sigifredo López, encarcelado y puesto bajo sospecha por participar en el secuestro de sus 11 compañeros de la Asamblea del Valle, y todo por su aparente coincidencia en boca, nariz y mentón con el protagonista de un video incautado a las Farc.

 

Semana complementa las fotografías con varios correos cuya procedencia y veracidad no podemos confirmar. Y aún si las pruebas fueran ciertas y suficientes, tampoco es posible saber si corresponden a una situación actual o anterior al atentado. Incluso, aún si es verdad que Violeta pertenece o ha pertenecido al ELN, eso no la hace automáticamente responsable por el atentado del Andino, pues la investigación no ha sido concluyente respecto a su autoría.

 

Tanto en el titular como en el artículo, Semana relaciona la supuesta pertenencia al ELN con la autoría del atentado. No solo la sugiere, sino que la afirma; va en contra de la presunción de inocencia. Además, extiende las llamadas pruebas contra Violeta a los demás implicados. Según lo dicho por Calderón, del material publicado se deduce que todos los jóvenes estaban mintiendo: un argumento falaz.

 

Esto no quiere decir que la revista no pueda publicar el material y, por supuesto, estamos llamados a confiar en la buena fe de los periodistas que hicieron la investigación. No así de las fuentes que proporcionaron la información. Lo que corresponde como colegas y audiencias es dudar y preguntar por el material y, si es preciso, cuestionar las afirmaciones apresuradas que a partir de él se hacen.