Según datos analizados por la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, obtenidos de bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, entre enero de 2000 y febrero de 2018, en Colombia se abrieron, aproximadamente, 10.471 casos judiciales a jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad, por los delitos de rebelión y terrorismo, de los cuales solo 491 han sido hallados culpables. Las judicializaciones y detenciones arbitrarias son solo una de varias tipologías de un fenómeno más complejo, silenciado y poco documentado: el de la criminalización y persecución de estudiantes en Colombia. Esta investigación explora el fenómeno, histórico en Colombia, en el que intervienen: el Estado (en cabeza del sistema judicial), los medios de comunicación (voceros de ese sistema), los grupos armados (a veces cómplices de asesinatos y desapariciones de estudiantes, como en el caso de los paramilitares; a veces parte del círculo del silencio y la impunidad, como ocurre con los grupos guerrilleros), y la opinión pública (permeada por el estigma que construye el Estado con ayuda de los medios).