Criminalización desde el sistema judicial

Jóvenes judicializados por cargos de rebelión y terrorismo en los últimos 18 años en Colombia.

Investigadores de la Universidad Nacional, la Universidad del País Vasco y la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, publicaron recientemente el libro Universidades públicas bajo S.O.Specha: un documento de 338 páginas que recopila casos, testimonios e investigaciones sobre las distintas formas de represión y persecución a estudiantes en Colombia durante los últimos veinte años. En el informe se mencionan dos historias que detallamos en este especial: la de Mateo Gutiérrez y la de Ricardo Ruiz, un estudiante de secundaria que murió en abril de 2006, junto a otros tres jóvenes, en una explosión en un edificio en el barrio Samper Mendoza en el centro de Bogotá. En su momento, los entes judiciales y los medios de comunicación presentaron a Ricardo y sus compañeros como milicianos de las Farc. Además, aseguraron que habían muerto mientras fabricaban un artefacto explosivo. El proceso judicial, sin embargo, nunca tuvo un resultado determinante y estuvo lleno de irregularidades.

 

Sin importar la tipología, en todos los casos el sistema judicial opera bajo el mismo patrón: la criminalización de estudiantes a través de recursos jurídicos que los jóvenes deben enfrentar bajo las reglas del propio sistema.

 

Alirio Uribe ve en el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala, en 1978, un hito en este tema. El Estatuto fue un conjunto de medidas que amplió las facultades de las Fuerzas Armadas con la excusa de combatir al “enemigo interno”, figura que cobijaba a todo aquel que protestara y cuestionara la autoridad. Según Uribe, la medida permitió que la justicia penal militar procesara estudiantes entre 1978 y 1987. “Se producen más de 50 mil capturas de mucha gente, entre ellos estudiantes, que eran capturados y juzgados en la justicia penal militar; es decir, aquí tuvimos una justicia militar que juzgaba civiles”.

 

El 5 de marzo de 1987 el magistrado Jesús Vallejo Mejía logra que se declare inexequible el juzgamiento de civiles por militares.  “Del 87 al 89 se crearon unos fiscales y jueces especiales. Del 89 al año 2000, existió en Colombia ‘la justicia secreta’, que era una justicia que tenía jueces secretos, fiscales secretos, testigos secretos, procuradores secretos. Fue horrorosa esa justicia. De ahí para acá hemos tenido jueces especializados, unidades anti-terroristas en la Fiscalía, etc., que han seguido esa práctica de criminalizar a los estudiantes”, agrega el abogado Uribe.

 

En consecuencia, la estigmatización de los estudiantes, desde el discurso político, se ha respaldado con el accionar del sistema judicial. De acuerdo con la información de las bases de datos entregadas por la Fiscalía General de la Nación, en los 17 años revisados se abrieron casos por rebelión y terrorismo, anualmente, en todos los departamentos del país. Sin embargo, un análisis cronológico muestra un aumento de los casos en periodos que coinciden con un endurecimiento en el discurso político contra los movimientos sociales y grupos opositores.

 

El grueso de casos de delitos por rebelión y terrorismo se concentra en los primeros once años examinados, siendo el periodo 2000-2005 el más complejo, con 3.597 casos por rebelión y 580 por terrorismo. Este periodo coincide con la mitad del gobierno de Andrés Pastrana y el primero de Álvaro Uribe. Se trata de una etapa de transición, no solo de gobierno, sino de discurso, pues comprende la fase de ruptura del proceso de paz con las Farc en el Caguán y el ascenso de la política de seguridad democrática, proyecto bandera de Uribe.

 

La doctrina de la seguridad democrática puede considerarse un segundo hito para el fenómeno de la criminalización de estudiantes. Durante los dos periodos del gobierno Uribe no solo aumentaron las cifras de jóvenes procesados por rebelión; también se abrió el 80,4% de los casos por terrorismo: 956 de los 1.189 reportados en los 17 años analizados.  En el siguientes gráfico se puede ver el número de casos que se abrieron en tres periodos claves de los últimos 18 años.

Andrés Camacho perteneció al movimiento estudiantil durante el gobierno Uribe. De esos años recuerda: “teníamos que escondernos, muchas veces salir de nuestras casas para proteger a nuestras familias. Siendo adolescentes, muchos tuvimos que cambiarnos de residencia cada tres meses porque teníamos que escondernos. Mucha gente tuvo que salir de estudiar por la persecución. Nuestra relación con las familias se fue deteriorando.  Nuestras relaciones amorosas se rompieron, porque era un nivel de persecución grandísimo. Entonces, ni siquiera uno podía tener novia o pareja por  el nivel de persecución. Incluso vivir momentos en los que no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, el miedo de no saber si al otro día íbamos a estar vivos, si nos iba a pasar algo, si nos iban a torturar, si nos iban a matar, si íbamos a tener que irnos del país. Fue un momento de total incertidumbre”.

 

Los años con mayor número de procesos abiertos por rebelión y terrorismo también coinciden, por ejemplo, con los períodos de mayor persecución a jóvenes de movimientos políticos de izquierda. Así lo confirmó la secretaria política de la Juventud Comunista (Juco) en Bogotá. En la siguiente línea de tiempo se pueden visualizar esos períodos.

La concepción misma del delito de rebelión y su tránsito discursivo al de terrorismo llama la atención. Según el Código Penal, incurrirán en rebelión “los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente”. Se trata de un delito político que no penaliza el uso de las armas en sí mismo, sino su finalidad. Esto explica por qué de los 3.491 casos de rebelión en los que se encuentra información sobre los supuestos vínculos de los jóvenes con grupos armados (5.791 no registra información sobre el grupo armado), solo17 aparecen vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 2 con Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) y 2 con otros grupos paramilitares. Por lo tanto, la mayoría de los casos de rebelión se asocian con grupos armados de izquierda.

 

Cabe anotar que sucede lo mismo con los casos de terrorismo, a pesar de que no es un delito político y su tipificación es distinta. De acuerdo con el Código Penal, incurre en terrorismo “el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos”. Bajo esta descripción, buena parte de las acciones violentas de los grupos armados y del propio Estado, en el marco del conflicto, serían terrorismo. Sin embargo, las bases de datos otorgadas por la Fiscalía muestran que se aplica bajo los mismos criterios políticos del delito de rebelión.

 

El escritor sudafricano J.M. Coetzee hace una descripción literaria del fenómeno: “la ley protege al ciudadano que la respeta. […] Pero no hay ninguna ley que proteja al fuera de la ley, al hombre que se alza en armas contra su propio estado, es decir, el estado que lo reclama como propio”.

 

Aunque la frontera entre rebelión y terrorismo no es difusa en su definición, en la práctica hay una correlación entre los dos delitos, incluso en los registros de la Fiscalía. Por ejemplo, en la base de datos analizada, Mateo Gutiérrez tiene como delito asociado el de rebelión, a pesar de que formalmente no se le imputó y, en cambio, sí se le acusó por terrorismo. Frente a este tipo de incongruencias, la Fiscalía informó que el registro de cada caso dependía del fiscal que recibía inicialmente el proceso. Esto quiere decir que el fiscal que recibió el caso de Mateo le asignó arbitrariamente el delito equivocado, no sabemos si por un error individual o por una política extendida.

 

Este no es el único vacío en los datos. Buscamos en las bases entregadas por la Fiscalía los nombres de jóvenes cuyos procesos conocíamos de antemano, pero no estaban registrados. Una funcionaria de la institución explicó que en muchos de estos casos los fiscales omiten datos relevantes como la edad y el género. Los vacíos hacen que la sistematización del fenómeno sea incompleta, pues no sabemos cuántos jóvenes entre los rangos de edad seleccionados quedaron por fuera de la base consultada.

 

El propio Mateo reconoce, a propósito de su proceso: “la justicia nunca es una sola, son personas. Y eso es lo complicado, porque las personas muchas veces responden a intereses. Entonces un juez, por más que se supone deba actuar dentro del marco de la objetividad de la ley, si lo llama el fiscal general de la Nación y le dice: ‘usted tiene que enviarme esta persona a la cárcel’, es muy difícil que pueda pelear contra un poder tan alto”.

 

En su caso no solo se reporta el delito equivocado, tampoco se incluyen su grado de escolaridad y el grupo armado asociado, tal y como ocurre con la mayor parte de los jóvenes listados.

 

Conocer el grado de escolaridad es clave para rastrear el fenómeno de criminalización de estudiantes, que ha afectado no solo a jóvenes de universidades públicas, sino también de colegios y universidades privadas. Si bien los 10.471 casos revisados corresponden a jóvenes de todo el país, entre los 15 y los 25 años, no podemos afirmar que todos ellos son estudiantes. En el siguiente gráfico se pueden ver los datos que reporta la Fiscalía sobre el nivel de educación de estos jóvenes en el momento en el que se les abrió el proceso.